¿Se puede despedir a un empleado condenado o investigado?

Blog asesoría laboral: despido empleado

Para la empresa puede ser delicado mantener en plantilla a un empleado que ha sido condenado penalmente o que está siendo investigado por la comisión de un delito.

Cuando el trabajador ha cometido un delito que no tiene relación con el trabajo que realiza para la empresa, esta no tiene por qué saberlo, pero en caso de conocer esta circunstancia, los tribunales consideran que el hecho de que el empleado haya sido condenado no justifica su despido.

Recientemente, un juzgado de Madrid se ha pronunciado en este sentido, argumentando que el despido del trabajador en esta situación va en contra del derecho fundamental a la reinserción social. Según esta sentencia, los antecedentes penales no pueden ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica.  

¿Qué pasa si el empleado ingresa en prisión?

En el caso de que el empleado ingrese en prisión, estaríamos ante una circunstancia que implica que el trabajador no puede prestar servicios, al no poder presentarse en el lugar de trabajo, pero mientras no exista una sentencia condenatoria, lo que se produce es una suspensión del contrato de trabajo, recogida en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que el empleado tendrá derecho a reincorporarse al puesto de trabajo cuando acabe la prisión provisional.

Sin embargo, una vez que haya sentencia condenatoria, estamos ante una situación en que el trabajador incurriría en faltas de asistencia; al considerarse que la ausencia al trabajo es responsabilidad del empleado, el despido estaría justificado.

¿Y si el empleado está investigado?

Si la situación a la que nos enfrentamos es la de un empleado que está investigado por la comisión de un delito, lo que antes se conocía como imputado, igualmente habría que considerar si ese delito tiene relación con la prestación de servicios.

Para el Tribunal Supremo, según una sentencia del 17 de febrero, el hecho de que un trabajador sea investigado en un procedimiento penal no es motivo de despido. En este caso, la empresa optó por un despido disciplinario al saber que un empleado estaba siendo investigado por blanqueo de capitales, alegando transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. No obstante, el Tribunal Supremo declaró el despido improcedente.  

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