Debido a la situación actual de crisis socio-económica y sanitaria, la vacunación obligatoria en empleados podría llegar a resultar posible siempre y cuando el empresario lo solicite ante un juez y este decida su obligatoriedad a través de la Ley de Medidas Especiales. Esta norma permite esta posibilidad al establecer como excepción cualquier situación que amenace la salud pública. ¿Cómo? A través de la vía judicial y de la decisión de un juez. No obstante, de momento, según las leyes actuales la vacunación en España es voluntaria.
Voluntariedad de vacunarse en el ámbito laboral
En un contexto de pura normalidad, las leyes españolas establecen la voluntariedad de someterse o no a la vacunación en el trabajo. El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario garantizará a sus trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo siempre y cuando el trabajador preste su consentimiento. Además, entre otras, la Ley regladora de la Autonomía del Paciente también reconoce este principio de autonomía de la voluntad: “todo usuario tiene derecho a negarse al tratamiento”.
Por su parte, el Real Decreto sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, refleja que “cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándole de las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunación como de la no vacunación. La vacunación no acarreará gastos para los trabajadores y podrá elaborarse una cartilla o certificado de vacunación para el trabajador y para las autoridades sanitarias si así lo solicitan. El ofrecimiento al trabajador de la vacunación y su aceptación deberán constar por escrito”.
No obstante, como hemos comentado anteriormente, en un futuro y atendiendo a las circunstancias sanitarias, los empresarios podrían obligar a sus trabajadores a vacunarse de Covid-19 a través de una solicitud judicial y su posterior aprobación por parte de un juez.
De hecho, no sería la primera vez que se impone una vacuna de manera obligatoria: en el año 2010 un juez obligó en Granada a la vacunación forzosa ante un brote de sarampión que había afectado a más de 40 personas.
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