Una nueva directiva elimina los obstáculos a la libre circulación de trabajadores en la UE

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Una nueva directiva elimina los obstáculos a la libre circulación de trabajadores en la UE

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La directiva europea, propuesta el 26 de abril, tiene como objetivo garantizar una mejor aplicación del derecho de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) a trabajar en otro Estado miembro.

Esta nueva norma busca superar la diferencia existente entre los derechos de los ciudadanos europeos y la realidad. A la vez, es un instrumento para facilitar a las personas que trabajan o que buscan un empleo en otro país de la Unión el ejercicio de sus derechos.

Los Estados miembros de la UE disponen de dos años para aplicar esta directiva a escala nacional.

En concreto, la directiva sobre la libre circulación de los trabajadores en Europa persigue:

  • Acabar con la falta de conocimiento de las normas de la UE por parte de empleadores públicos y privados
  • Erradicar las dificultades que tienen los ciudadanos que se desplazan para obtener información y asistencia en los Estados miembros de acogida

Para conseguir estos objetivos, la directiva propone lo siguiente:

  • Uno o más organismos a escala nacional se deberán de encargar de ofrecer apoyo y asistencia jurídica a los trabajadores migrantes de la UE en el ejercicio de sus derechos
  • La información sobre los derechos de los trabajadores migrantes y los solicitantes de empleo de la UE deberá ser fácilmente accesible y esté disponible en más de una lengua de la UE
  • La protección jurídica de los derechos deberá de ser efectiva, incluyendo, por ejemplo, la protección frente a la victimización de los trabajadores migrantes de UE que tratan de hacer valer sus derechos

Las nuevas normas no solo beneficiaran a los trabajadores, también a los empleadores, que tendrán más información a la hora de contratar personas de otro país de la UE.

Por otra parte, independientemente de esta nueva directiva, la Comisión Europea encausará a los Estados miembros cuando sea necesario, en los casos en que la legislación nacional no se ajuste a las obligaciones que le asigna la UE.

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