El Ministerio de Empleo prepara un anteproyecto de Ley en el que establece cambios legislativos para que la Seguridad Social facture directamente las cuotas que tienen que pagar las empresas por las cotizaciones sociales de sus trabajadores.
Los objetivos de este nuevo sistema de liquidación de cuotas es mejorar la gestión recaudatoria, simplificar los trámites y reducir los costes y cargas administrativas.
Hasta ahora, las empresas deben calcular y presentar las liquidaciones de cuotas de todos sus empleados ante la Seguridad Social mes a mes. Con el nuevo sistema, se prevé que sea la Administración la que ofrecerá todos los meses a las empresas un cálculo individualizado de las cuotas sociales que deben pagar por empleado.
Este cálculo se realizará a partir el código de cuenta de cotización que figura en el alta de cada empleado y también con la información de que disponga la Administración o que suministre la empresa.
Menos costes y cargas administrativas
De esta manera, se quiere reducir las cargas administrativas de las empresas y a la vez ahorrar costes en la propia Seguridad Social, ya que los trámites pasarían a realizarse de manera electrónica.
La medida también busca que las gestiones ante la Seguridad Social sean más efectivas y descartar situaciones de aplicación indebida de beneficios en la cotización. Con esto, se estima que la Seguridad Social pueda incrementar su recaudación en al menos 171,22 millones de euros.
Por otra parte, se calcula que el ahorro de las empresas en cargas administrativas pueda ser de 63,47 millones de euros.
Calendario previsto de aplicación
Actualmente se está aplicando de manera experimental este nuevo sistema de liquidación de cuotas a la Seguridad social en más de 300 empresas y la implantación total del mismo finalizaría después del verano. Esto implica que durante un tiempo el actual modelo y el nuevo coexistirán.
En principio, está previsto que sea la Tesorería General de la Seguridad Social la que se encargue de la gestión liquidatoria y recaudatoria, si bien en el anteproyecto abre la posibilidad de que sean otras administraciones públicas o entidades particulares (mediante un concierto temporal) las que la efectúen.
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